Por Ricardo Valero
Abogado, Máster en relaciones internacionales
Presidente Comision Sectorial aduanas Cámara de Comercio de Guayaquil
No es secreto que la OEA como organismo internacional se adecua a los parámetros de las Naciones Unidas y a la Agenda 2030 con respecto al fortalecimiento de los derechos humanos, muchos de ellos, convertidos-con el pasar de las décadas- en “derechos de bragueta” como denomina Juan Manuel de Prada a todo derecho basado en la nefasta política de enfoque de género que no ha traído más que desaciertos y anarquía amoral.
Los organismos internacionales como OEA insisten en aplicar programas y políticas de estado basados en la equidad de género con el pretexto de la promoción de los derechos de la mujer donde los mayores beneficiarios con subvenciones y subsidios estatales paradójicamente no serían las mujeres.
Es así que, no sorprende la circulación en redes sociales de la aprobación por parte de la OEA sobre una resolución que obliga a sus estados miembros a aumentar el gasto público y a imponer ideología de género dentro de sus políticas de estado.
El gobierno ecuatoriano ya ha manifestado su adhesión a dichas políticas y la Agenda 2030 impulsando su implementación en varias áreas y sectores de la sociedad. Claro está que, ya con la Constitución del 2008 se albergó el marco legal para que los “derechos de bragueta” puedan ser reconocidos lícitamente introduciendo formalmente el armazón del enfoque de género en varias de sus disposiciones.
En Ecuador ya encontramos un sinnúmero de normativas públicas fraguadas bajo la nefasta ideología de género. Tanto en la normativa de salud como en la normativa de educación se encuentran contaminadas de tan hostigosa corriente.
A raíz de la creación de las Naciones Unidas en 1945, todo país como miembro, procura adherirse a sus disposiciones para obtener la paz y, por, sobre todo, armonizar las relaciones entre países y velando por un estado de bienestar de sus conciudadanos siempre y cuando respetando esos mismos derechos consagrados en la declaración universal. Sin embargo, en las disposiciones de la OEA resulta nuevamente paradójico que la imposición de la ideología de género en la política interna de sus miembros choca frontalmente con los derechos del No. 3 artículo 26 de tal Declaración al establecer que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Cabría preguntarse cual sería el resultado si en el Ecuador se diera un referéndum al ser consultados los padres si estarían dispuestos a aceptar que sus hijos reciban educación basada en enfoque de género, donde serían obligados (los niños) a autocomplacerse o, contra sus principios, leer libros con imágenes de hombres desnudos que luego conlleven a que, sea el Estado el que decida la educación por encima de los padres u ordene el cambio de sexo (mutilación de genitales) sin su previo consentimiento.
Actualmente por la díficil situación que atraviesa el Ecuador, el gobierno central busca apoyo en los organismos internacionales viéndose en la necesidad de aceptar ayuda económica y que, en la mayoría de los casos, son presentadas como oportunidades únicas de negociación internacional pero que, van de la mano en combo con las exigencias y condiciones de aplicar las políticas de género dentro de su estructura normativa.
Nuestro país no necesita solamente ser rescatado de un salvataje económico. El Ecuador necesita de una verdadera restauración tanto en lo social como en lo cultural. La búsqueda de un ordenamiento civilizatorio anclado en principios morales y valores éticos que promueven el fortalecimiento de la familia como primera célula desarrolladora de sociedad.