La Corte Constitucional se ha convertido en un espectáculo de hipocresía jurídica, un órgano que se vende como el máximo guardián del orden constitucional, pero que en la práctica se ha transformado en un engranaje más del poder político de turno. Su incapacidad para garantizar una justicia efectiva, su evidente sesgo en la selección de los casos que prioriza, y su cobardía la han convertido en un tribunal que no merece su nombre. Más que proteger la Constitución, parece estar al servicio de intereses políticos, económicos y de conveniencia mediática.
Se supone que este órgano debe velar por la supremacía de la Constitución, pero lo que realmente hace es actuar como un tribunal activista, al servicio de ideologías progresistas y de intereses políticos oscuros. En lugar de defender el orden, la soberanía y la seguridad del país, la Corte ha pasado los últimos años emitiendo sentencias absurdas que destruyen la cohesión social, promueven agendas globalistas y debilitan la autoridad del Estado.
Desde permitir que jueces y burócratas decidan qué es “discriminación estructural”, hasta dar pasos peligrosos en la normalización de ideas radicales en la educación y la identidad, la Corte ha demostrado que su lealtad no es hacia el pueblo ecuatoriano, sino hacia un pequeño grupo de élites ideológicas que buscan destruir los valores tradicionales del país.
La Corte Constitucional no es ecuatoriana, es de los organismos supranacionales que buscan imponer su visión en nuestra sociedad. Sus decisiones reflejan una tendencia a adoptar modelos extranjeros de justicia “social” en lugar de priorizar las necesidades reales del país.
Solución: Una Corte que Sirva a Ecuador y No a Intereses Extranjeros.
Esta Corte debe ser desmontada y reemplazada por un verdadero Tribunal Constitucional que:
- No esté al servicio de agendas internacionales y priorice la soberanía nacional sobre los intereses de organismos externos.
- Restablezca el orden jurídico en favor de la seguridad y la estabilidad social, sin caer en el activismo judicial.
- Proteja la familia como pilar de la sociedad y elimine cualquier influencia ideológica en sus sentencias.
- Garantice que el Estado pueda actuar con firmeza contra el crimen y no ponga obstáculos en nombre de una interpretación subjetiva de los derechos humanos.
Además, la Constitución debe ser reformada para impedir que la Corte sea infiltrada por jueces con afinidades ideológicas marcadas. Los jueces constitucionales deben ser seleccionados por su capacidad técnica, no por su compromiso con una agenda progresista disfrazada de justicia.
Si Ecuador no toma medidas drásticas para restaurar su orden constitucional, el país seguirá retrocediendo hacia el caos, la inseguridad y la erosión de los valores que han sostenido su identidad durante siglos.
No podemos seguir permitiendo que la Corte Constitucional sea el principal enemigo del propio Estado. Es hora de una reforma radical.
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