Por Mateo Pavisic,
Abogado y Miembro del Movimiento FIRMES
La Política Criminal
Ecuador atraviesa una crisis sin precedentes. La escalada de violencia ligada al narcotráfico y el crimen organizado ha transformado al país en uno de los más peligrosos de América Latina, con tasas de homicidios que reflejan un colapso del orden público. En medio de este caos, el movimiento FIRMES ha presentado una propuesta radical pero necesaria: la creación de campos de internamiento para confinar a más de 60,000 individuos identificados como «terroristas» que amenazan la seguridad nacional. Esta medida no solo busca restaurar la paz, sino también exponer la complicidad de una clase política tradicional que, por acción u omisión, ha permitido que la narcocultura se apodere de nuestras calles, cárceles y comunidades.
La Crisis que Nos Ahoga
La situación actual de Ecuador es insostenible. Las estadísticas pintan un panorama sombrío. En 2022, la tasa de homicidios alcanzó los 25.9 por cada 100,000 habitantes, un aumento exponencial desde los 5.8 registrados en 2017. Ciudades como Guayaquil y Esmeraldas se han convertido en campos de batalla entre bandas locales y carteles internacionales que disputan el control del tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica. Las cárceles, lejos de ser centros de rehabilitación, funcionan como cuarteles generales del crimen organizado, desde donde se coordinan masacres, extorsiones y asesinatos. Esta crisis no es un accidente: es el resultado de décadas de negligencia, corrupción y políticas tibias que han priorizado los intereses de unos pocos sobre la seguridad de todos.
El ascenso del crimen organizado en Ecuador está estrechamente ligado a factores regionales. La firma del acuerdo de paz en Colombia en 2016 desplazó parte de las operaciones de los grupos armados hacia nuestro territorio, mientras que la presencia de carteles mexicanos ha intensificado la violencia. Sin una respuesta contundente, el país corre el riesgo de convertirse en un narcoestado. Frente a este escenario, FIRMES propone los campos de internamiento como una herramienta para aislar a los actores más peligrosos y desmantelar sus redes de poder.
Un modelo que funciona
La propuesta de los campos de internamiento no surge de la nada; tiene un precedente exitoso en El Salvador con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Implementado como parte de la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño, el CECOT ha demostrado que medidas firmes pueden generar resultados concretos. Desde su apertura, este centro de máxima seguridad, diseñado para albergar a miles de pandilleros, ha contribuido a una reducción histórica de la violencia en El Salvador. En 2021, antes de su implementación, el país registraba una tasa de homicidios de 18.1 por cada 100,000 habitantes; para 2023, esta cifra había caído a menos de 2.5, una de las más bajas en décadas. El CECOT logró este impacto al aislar a los líderes criminales, cortando sus líneas de comunicación y debilitando su capacidad de operar desde prisión.
Ecuador enfrenta un desafío similar: un sistema penitenciario colapsado que empodera a los delincuentes en lugar de contenerlos. La propuesta de FIRMES toma inspiración del CECOT, adaptándola a nuestra realidad. Los campos de internamiento no solo confinarían a los responsables de la violencia, sino que también enviarían un mensaje claro: el Estado está dispuesto a recuperar el control. Este modelo ya ha sido probado con éxito en un contexto comparable, y Ecuador tiene la oportunidad de replicarlo para salir de la crisis.
La Urgencia de Proteger a los Ciudadanos
La seguridad es un derecho humano fundamental, pero en Ecuador se ha convertido en un privilegio inalcanzable para muchos. Las familias viven con miedo, los negocios cierran por extorsión y los jóvenes son reclutados por GDOs. Las cárceles, donde se supone que los criminales pagan sus deudas con la sociedad, son en realidad centros de poder para los narcos. En 2021, las masacres carcelarias dejaron más de 300 muertos, un recordatorio brutal de que el sistema actual no funciona. Los campos de internamiento buscan revertir esta situación al sacar de circulación a los responsables de la violencia y garantizar que las prisiones dejen de ser escuelas del crimen. FIRMES pone a los ciudadanos en el centro de su política criminal, priorizando su protección sobre los privilegios de los delincuentes.
La Clase Política: Un Obstáculo para el Cambio
La responsabilidad de esta crisis recae en gran medida en la clase política tradicional. La corrupción ha permeado todas las esferas del Estado, desde la policía hasta el poder judicial, facilitando el crecimiento del crimen organizado. El caso Metástasis, que destapó nexos entre jueces, fiscales y narcotraficantes, es solo un ejemplo de una podredumbre sistémica. Estos escándalos no son excepciones, sino síntomas de un sistema que ha traicionado a los ecuatorianos.
Mientras los ciudadanos claman por seguridad, los políticos han ofrecido discursos vacíos y soluciones cosméticas. Han protegido sus intereses, aprobado leyes laxas y permitido que las cárceles se conviertan en fortalezas del crimen. FIRMES surge como una alternativa a esta complicidad, proponiendo una política criminal que enfrente de raíz el problema. Los campos de internamiento son una declaración de guerra contra la impunidad y un rechazo a la connivencia entre el poder y el crimen.
La represión por sí sola no resolverá la crisis. FIRMES apuesta por una estrategia integral que combine la mano dura con políticas de inclusión social. Los campos de internamiento son una medida urgente para neutralizar a los TERRORISTAS Y ENEMIGOS DEL ESTADO.
Respondiendo a las Críticas
La propuesta de los campos de internamiento ha levantado voces de oposición, especialmente entre los abogados PRO-DELINCUENTES. Pero no podemos ignorar la realidad: el crimen organizado ha declarado la guerra al pueblo ecuatoriano, y las víctimas de esta violencia también tienen derechos. La impunidad con la que operan los narcos y las bandas es una violación constante de la seguridad y la dignidad de millones. Los campos de internamiento, lejos de ser una medida arbitraria, serían regulados bajo un marco legal claro, con criterios objetivos para identificar a los enemigos del Estado Ecuatoriano. Además, la estrategia integral de FIRMES asegura que la mano dura no sea un fin en sí mismo, sino un medio para abrir paso a la reconstrucción social.
Es momento de actuar con decisión, y FIRMES está dispuesto a liderar esta lucha por el futuro de Ecuador.