Por Ricardo Valero
Abogado, Máster en relaciones internacionales
Presidente Comision Sectorial aduanas Cámara de Comercio de Guayaquil
Si usted piensa que el Ecuador aún sigue siendo un país soberano, donde el gobierno de turno ejerce una completa autonomía para la toma de decisiones, pues déjeme decirle que se equivoca. Aunque en la práctica, el Ecuador impere la ley vigente bajo las funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; todos estos, se encuentran sometidos a una reingeniería social que es tejida aceleradamente a nivel mundial por el globalismo que provoca un cambio en el modelo de sociedad bajo el control ejercido por fuerzas extranjeras como son las oligarquías financieras internacionales constituidas al amparo de la figura de ONG´s u organismos internacionales que intervienen discretamente en los países a través de sus decisiones o dictámenes (no vinculantes) siendo aceptados por todo ecuatoriano, como mandato obligatorio.
La Corte Constitucional del Ecuador es un claro ejemplo del control extranjero que promueven y lideran las oligarquías financieras internacionales. En este puntual caso de la Corte Constitucional, encontramos que la Corte ha sido persuadida en su actuación -para favorecer a una agenda internacional- por la organización MIO (Misión Internacional de Observación de Justicia), filiar de DPFL (Fundación para el Debido Proceso) fundada en 1996 por el profesor Thomas Buergenthal –expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de sus miembros principales es el peruano Diego García Sayán, ex Ministro de Justicia del Perú, que flexibilizó las leyes antiterroristas en dicho país, facilitando la liberación e indulto de camaradas de Sendero Luminoso y el MRTA. Como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2004 promovió la agenda política pro delincuentes promotora de conceder indemnizaciones a terroristas, pero sobre todo, es miembro de la Fundación Open Society de George Soros. Por otro lado, miembro de MIO encontramos a la chilena Antonia Urrejola Noguera, activista feminista y pro-indigenismo; José Antonio Guevara, mexicano, Director de GI-ESCR (The Global Initiative for Economics, Social and Cultural Rights) que tiene relación directa con Human Rights Watch organización subvencionada por George Soros.
Es así como el Estado ecuatoriano, a través de la Corte Constitucional, se ha sometido a una “gobernanza global” donde su organización política suprema y exclusiva empezó a recibir directivas que se cocinaron fuera de sus fronteras y que procedieron de entidades no estatales[1]; y que como establecería Gullo, consideradas estas (ONG´s) como UPSAT[2] (Unidades Políticas sin Asiento Territorial) que operan sin tener un territorio pero que lideran una autoridad omnímoda. De esta forma, el Estado ecuatoriano se ha convertido en un Estado Proxy (intermediario) de la voluntad de actores no estatales que han logrado concretar sus intereses a través del mismo Estado. Degradó su soberanía nacional en nombre de los objetivos de «la humanidad».[3] Por tanto, sus pretensiones de políticas reales (las del gobierno del Ecuador) no han consistido en representar determinadas agendas nacionales, sino más bien en hacer de las agendas nacionales una instancia ejecutiva intermediaria de las agendas de los globalistas.[4]
Haber dictaminado sentencia a favor de los delincuentes para que se beneficien de medidas preventivas en pleno conflicto armado que atraviesa el país es una traición a la patria y rendirse a los pies de los globalistas que favorecen leyes pro delincuentes; pronunciarse sobre la educación de “infancia trans” contraviniendo la patria potestad de los padres; matrimonio igualitario; ordenar al ejecutivo para gobernar; aprobar la eutanasia; posible cambio de sexos en menores de edad con futuro pronunciamiento en caso “Amada”…todo esto forman parte de una agenda transnacional globalista que si es preguntado por referéndum al pueblo ecuatoriano de seguro se opondría.
A través de la agenda globalista impuesta a la Corte Constitucional en el Ecuador se ha logrado generar una estrategia transversal en todas las normas del país permitiendo controlar su imposición, penetración, adaptación y aceptación ante toda la sociedad socavando la soberanía del pueblo y, por ende, la autoridad del gobierno local.
La soberanía de un país no debe concentrarse en la decisión de únciamente de 9 jueces constitucionales. Ellos quieren crear la nación a través de la ley. Sus creaciones la quieren hacer en nombre de la <<libertad>>, pero la verdadera libertad peligra cuando las leyes, en lugar de partir de las circunstancias reales de un pueblo, son empleadas para hacer al pueblo según las mapas mentales de los ideólogos globalistas (jueces).[5] No permitamos que siga sucediendo esto en Ecuador.
FIRMES POR ECUADOR
[1] Globalismo, Agustín Laje, pág 240
[2] UPSAT: Unidades Políticas sin Asiento Territorial. Libro Relaciones Internacionales, Una Teoría Crítica desde la periferia sudamericana. Marcelo Gullo 2018.
[3] Globalismo, Agustín Laje, pág 240
[4] Ib
[5] Ib