Por Marco Nahum Montes,
Abogado y Miembro del Movimiento FIRMES
En el caótico mundo de la política ecuatoriana, donde las alianzas se rompen y las investigaciones judiciales caen como rayos, la figura de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ha pasado de ser un crítico feroz del presidente Daniel Noboa a un hombre encadenado por el sistema. Desde su detención el 10 de febrero de 2026, Álvarez ha acumulado días tras las rejas, y cada nuevo desarrollo no hace más que enterrar cualquier atisbo de esperanza para sus simpatizantes. No se trata de conjeturas o deseos: los hechos judiciales, las decisiones inapelables y el contexto político pintan un panorama desolador. Si alguien aún cree que Álvarez podría salir pronto, retomar su alcaldía o soñar con la presidencia, es hora de enfrentar la realidad cruda: está atrapado en un laberinto legal del que no hay salida rápida, y su carrera política e incluso su vida se desmorona a pasos agigantados.
Todo empezó con el caso «Goleada», una investigación por presunto lavado de activos y defraudación tributaria vinculada a su negocio familiar de combustibles. El 11 de febrero, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra él y sus hermanos, respaldado por una serie de pruebas presentadas por la Fiscalía. Álvarez fue llevado primero a la Cárcel 4 en Quito y luego a Latacunga, en Cotopaxi, donde el aislamiento y la vigilancia estricta se convirtieron en su nueva normalidad. Pero esto fue solo el comienzo. El 8 de marzo, llegó el mazazo definitivo con una segunda orden de prisión preventiva en el caso «Triple A». Un tribunal, presidido por el juez Jorge Sánchez Pico, revocó las medidas alternativas como el grillete electrónico y ordenó su encarcelamiento inmediato. La Fiscalía argumentó que Álvarez había manipulado y removido el dispositivo deliberadamente, generando miles de alertas, más de 2000 para ser precisos. El tribunal lo vio como una «vulneración consciente» de las órdenes judiciales, concluyendo que la prisión era la única opción para prevenir fugas o interferencias. Ese mismo día, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, una prisión de máxima seguridad, bajo reportes de aislamiento total que solo agravan su situación.
Estos no son casos menores; se enraízan en investigaciones que datan de 2024, involucrando comercialización ilegal de hidrocarburos y posibles lazos con crimen organizado. La Fiscalía ha recopilado evidencias técnicas, como registros de alertas y videos policiales, que hacen casi imposible una reversión en corto plazo. En Ecuador, los procesos por corrupción y lavado de activos se estiran como chicle: la instrucción fiscal puede durar hasta 120 días, seguida de juicios que se prolongan meses o años. Álvarez enfrenta penas que podrían superar los 10 años, y con dos prisiones preventivas superpuestas, su libertad depende de un hilo que se rompe con cada audiencia.
Y hablando de audiencias, las apelaciones han sido un desastre absoluto, aplastando cualquier ilusión de un giro favorable. En «Goleada», la apelación a la prisión preventiva ha sido pospuesta repetidamente, la última vez por un viaje de jueces a Panamá, sin resolución a la vista. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) lo confirma: no hay orden de libertad pendiente. En «Triple A», la apelación del 8 de marzo resultó en la ratificación de la medida. Álvarez mismo lo reconoció en redes: «Seguiré privado de libertad, pese a que las pruebas demuestran que no existe fundamento real». Cuestionó las alertas como «intentos de fuga», pero el tribunal las desestimó, priorizando la «proporcionalidad» de la prisión. Precedentes como los de exfuncionarios correístas o Rafael Correa muestran que, en delitos graves, las apelaciones rara vez prosperan en fases iniciales. Para salir, Álvarez necesitaría revocar ambas prisiones simultáneamente, un milagro que la justicia, bajo lupa internacional, no concederá fácilmente.