¿Quién les dio el monopolio de la verdad?

Por Fabián Valarezo,
Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones y Miembro del Movimiento FIRMES

Dentro del derecho existe una máxima, un principio universal que actúa como uno de sus pilares fundamentales: “Todos somos iguales ante la ley”. Este es el llamado Principio de Igualdad, consagrado en nuestra Constitución en el art. 11, n. 2, y en el art. 66, n. 4. Cito estos artículos porque, para cualquiera que haya iniciado estudios jurídicos, este principio es básico, elemental.

Sin embargo, en estos días ha ocurrido algo en Ecuador que pone en entredicho incluso lo más esencial. Y es precisamente esa situación la que motiva estas líneas.

Esta semana ha cobrado fuerza un debate en torno a la Corte Constitucional. Y aunque no sorprende —porque en este país cada semana se discute algo distinto—, esta vez el tema tiene una dimensión particular: se trata de decisiones relacionadas con la seguridad ciudadana. Un asunto que, sin duda, nos compete a todos. Sin embargo, algunos pretenden restringir ese debate solo a unos pocos.

Han surgido voces desde todos los sectores, con criterios diversos y opiniones encontradas. Y eso no es malo. Al contrario: la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Escuchar distintas opiniones no solo es útil, es necesario. Nos permite entender cómo piensan ciertos actores políticos y sociales. Porque la libertad de expresión no es un privilegio académico: es un derecho constitucional que protege incluso —y sobre todo— a las voces disonantes.

Entonces, ¿dónde está el problema? En que, en este país tan diverso como intenso, pareciera que algunos se consideran superiores al resto, como si su opinión tuviera más valor. Según ellos, si no reúnes ciertos requisitos —si no eres abogado, si no tienes varios títulos, si no compartes una ideología determinada— tu opinión simplemente no cuenta. No importa lo que digas ni cómo lo digas: no formas parte del círculo selecto de estos pseudointelectuales. Para ellos, nadie que no pertenezca a su élite puede atreverse a cuestionar a la todopoderosa y omnisciente Corte Constitucional, como si fuera infalible. Olvidan, por conveniencia, que esta misma Corte ha tenido episodios bochornosos, con activistas políticos disfrazados de jueces, actuando como si fueran gurús del derecho.

Y eso, francamente, molesta. A mí, al menos, me ha indignado durante toda la semana. Porque esos intelectualoides de cafetín parecen haber olvidado lo más básico del derecho. Imagino que, embriagados por sus títulos, ignoran una verdad elemental: “La soberanía radica en el pueblo”. Así lo dice el art. 1 de nuestra Carta Magna. Y no importa si eres juez de la Corte Constitucional, el Presidente o cualquier otra autoridad: te debes al pueblo.

De hecho, la potestad que tienen los jueces para generar jurisprudencia nace de esa soberanía popular. Por eso deben rendir cuentas. No ejercen poder por sí mismos, sino en nombre y al servicio del soberano: el pueblo. No se trata de un discurso político, sino de una verdad constitucional. Y no olvidemos algo más: trabajan para quien les paga el sueldo.

En ese sentido, abogados, juristas, jueces y demás que sostienen ese pensamiento elitista, deberían empezar por buscar el significado de la palabra “humildad” y ponerla en práctica. Porque nadie los nombró dueños del país, ni de la verdad. No pueden andar por ahí proclamando que solo su opinión vale, como si defendieran dogmas o intereses personales.

Y al resto de la gente, les digo: hablen. Comenten, critiquen, exijan, digan lo que piensen, pero háganlo. No se dejen intimidar por un pequeño grupo de leguleyos que pretende coartar su derecho a expresarse. Si les incomodamos, es porque algo estamos haciendo bien.

Me daría más vergüenza quedarme callado frente a la injusticia disfrazada de derecho, que alzar la voz contra ella. Porque callar no es neutral, es rendirse. Y hoy, más que nunca, opinar es resistir. Hablar no es un acto de soberbia, es un acto de soberanía.

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