Por André Santos E.
Abogado, profesor de Derecho Internacional, Presidente del Movimiento FIRMES
Hay frases que se repiten tanto, y con tanta solemnidad, que uno comienza a sospechar que detrás de ellas se esconde una gran impostura. Tal es el caso de esa consigna que los opinólogos —con voz grave y mirada patriótica— entonan con aire de superioridad moral: “La Corte Constitucional es el último bastión de institucionalidad del Ecuador”.
Lo dicen como si fuera un dogma. Como si la sola existencia de nueve magistrados togados, sin elección popular, ni control ciudadano, ni rendición de cuentas, fuera en sí misma una virtud. Como si el Estado de Derecho dependiera de blindar a un tribunal que se ha colocado, por obra y gracia de la arquitectura jurídica de Montecristi, por encima de la voluntad nacional.
Quien defiende así a la Corte Constitucional o no ha entendido lo que es una República, o peor aún, forma parte de la estructura que se beneficia de su poder desproporcionado.
Porque no nos engañemos: la Corte Constitucional ecuatoriana no es un tribunal de equilibrio, sino un suprapoder con atribuciones exorbitantes, que decide qué puede votar el pueblo y qué no. Que bloquea referendos, censura preguntas, filtra temas, interpreta la Constitución de forma monopólica y se impone incluso sobre decisiones políticas democráticamente impulsadas. ¿Eso es institucionalidad o usurpación? ¿Es justicia o tutela ideológica?
Y lo más grave: la Corte ha violado y reformado la Constitución de facto, sin referéndum, sin Asamblea Constituyente, y sin legitimidad democrática. Fue esta Corte la que impuso el mal llamado “matrimonio igualitario”, reinterpretando el texto constitucional contra su letra expresa. Fue esta Corte la que legalizó el aborto en casos de violación, la que ordenó el adoctrinamiento de ideología de género en niños, bajo la figura de la “infancia transexual”, y que ha legitimado la agenda pro delincuentes, debilitando el principio de autoridad y desmantelando el orden jurídico. Todo ello en abierta violación al principio de soberanía popular, al debido proceso legislativo y al sentido común republicano.
Esa Corte no defiende la Constitución: la reescribe. Y lo hace para imponer, desde arriba, una agenda ideológica internacional que el pueblo jamás ha votado, ni ha pedido, ni ha consentido.
Y sin embargo, sus defensores — almas ingenuas o deliberadamente deshonestas— la presentan como si fuera el corazón moral de la institucionalidad ecuatoriana. Le llaman “el último bastión” como si protegiera algo noble, cuando en realidad se ha convertido en la primera trinchera del progresismo ideológico, del globalismo burocrático y de la anti-República: El Estado de Partidos.
Olvidan que vivimos bajo un sistema donde la representación está completamente desfigurada. No solo porque las listas cerradas de partido impiden al ciudadano elegir directamente a su legislador, sino porque la propia Corte ha blindado ese modelo, al impedir toda reforma estructural vía consulta popular.
En paralelo, el pueblo sigue sin poder elegir directamente a sus legisladores, atrapado en listas cerradas, sin representación territorial real. Y cuando intenta reformar algo por consulta popular, la misma Corte bloquea los referendos, censura las preguntas o invalida los temas. Es decir: no eliges a tus asambleístas, no puedes modificar el sistema, no puedes decidir directamente sobre tu país… pero te dicen que estás en una democracia, y que la Corte está ahí para protegerte.
Una verdadera República exige límites. Exige separación de poderes, sí, pero también control ciudadano, rendición de cuentas, y sobre todo, soberanía popular. Ninguna institución puede estar por encima del pueblo. Y sin embargo, en Ecuador, la Corte Constitucional puede impedir que el pueblo se pronuncie sobre la ley, la moral, el rumbo del Estado. Puede decirle: “eso no se pregunta”, “eso no se reforma”, “eso es inconstitucional”… aunque sea el pueblo el que lo quiera decidir.
¿Y qué dicen los defensores de esta estructura? Que todo está bien. Que es por el bien de la democracia. Que los ciudadanos no entienden. Que mejor es dejarlo todo en manos de los “expertos”. Una lógica profundamente anti-republicana, disfrazada de sofisticación jurídica.
No. Defender esa Corte como “último bastión de institucionalidad” es como defender una jaula por ser muy bien construida. Lo que necesitamos no es una Corte que limite al pueblo, sino un sistema que lo represente. No es más control constitucional, sino más control ciudadano sobre los que ejercen el poder. Y eso empieza por cuestionar, con seriedad y valentía, a esta institución convertida en trinchera de una partidocracia moribunda.
Porque no hay República posible sin pueblo soberano. Y no hay soberanía popular donde una Corte, blindada, inamovible y omnipotente, decide qué puede pensar, preguntar o votar la Nación sujeta al filtro ideológico de una élite judicial de Ayatollahs. Y no hay institucionalidad legítima donde nueve magistrados se colocan por encima de 18 millones de ciudadanos.
De acuerdo, la Corte necesita un escrutinio público, no puede ser un grupillo de intocables
Muy acertado su comentario. Como cambiamos el poder de esa corte progre?. como el ciudadano comun puede decidir el futuro si cada vez elegimos a alguien solo ve sus intereses y no los del pueblo.
Estimado André:
He escuchado y leído muchos criterios sobre el control soberano a la CC., pero – sin ser un experto – apenas un ciudadano que me preocupa los graves males que sufre mi país, nuestro país, me ha llamado mucho la atención de su teoría sobre el control soberano a la CC, ojalá no ocurra-como en efecto- ocurre con la «famosa revocatoria del mandato. Un saludo a la bandera!.